Nuevo Código Penal establece multas de hasta 1,500 salarios para empresas

Santo Domingo.- El nuevo Código Penal dominicano, que entrará en vigor el próximo 5 de noviembre, introduce por primera vez la responsabilidad penal de las personas jurídicas, lo que implica que las empresas deberán supervisar las acciones de su personal para evitar sanciones económicas que pueden alcanzar hasta 1,500 salarios mínimos.

Cambios significativos en la cultura operativa

La legislación, según el abogado especialista en derecho corporativo Eduardo Tavárez Guerrero, elimina el concepto tradicional de «delincuente» en el ámbito corporativo, sustituyéndolo por «infractor». Esto marca un cambio significativo en la cultura operativa del país, obligando a todas las organizaciones, independientemente de su tamaño, a cumplir con programas de cumplimiento normativo.

Las sanciones económicas para las empresas que no cumplan con las regulaciones internas son severas, con multas que oscilan entre 100 y 1,500 salarios mínimos. En casos de delitos graves, la ley prevé el cese total de las operaciones comerciales, lo que podría llevar a lo que se denomina «muerte corporativa».

Requisitos para evitar sanciones

Para evitar estas sanciones, la normativa exige a los propietarios implementar controles preventivos eficaces. Las empresas pueden atenuar las penas si demuestran la existencia de canales éticos anónimos y protocolos de denuncia para fraudes o extorsiones.

La nueva legislación también afecta a pequeñas y medianas empresas, que deberán adaptarse a estas exigencias. En estos casos, el gerente asumirá la responsabilidad de cumplimiento normativo. Sin embargo, esto genera un riesgo si el gerente actúa de manera fraudulenta, lo que la ley también contempla para proteger el patrimonio empresarial.

Protección para directivos

Finalmente, la normativa permite a los directivos demostrar su inocencia si descubren irregularidades administrativas, siempre que se tomen acciones contra el gerente involucrado. Esto asegura que las empresas no queden protegidas legalmente ante actos ilícitos cometidos por sus empleados.