Medidas cautelares en lugar de prisión preventiva para Maribel y Antonio Espaillat

TL;DR: La justicia dominicana sustituyó la prisión preventiva por medidas cautelares estrictas para los propietarios de la discoteca Jet Set, tras el derrumbe que causó múltiples víctimas, mientras el caso avanza hacia una investigación más profunda.

La justicia dominicana ha decidido no imponer prisión preventiva a Maribel y Antonio Espaillat, propietarios de la discoteca Jet Set, luego del derrumbe de su techo el 8 de abril, tragedia que provocó 236 fallecimientos y más de 180 heridos. En su lugar, se han dictado medidas cautelares para garantizar el proceso judicial y atender las demandas de las víctimas.

Detalles de las medidas cautelares y argumentos de las partes

La resolución judicial obliga al pago de una fianza de 50 millones de pesos dominicanos, equivalentes a aproximadamente 900,000 dólares. Además, los acusados enfrentan la prohibición de enajenar activos, con la congelación de bienes vinculados a RCC Media. Se impusieron también restricciones para salir del país y la obligación de presentarse regularmente ante las autoridades judiciales.

Reacciones de la defensa y del Ministerio Público

• Defensa: El abogado Miguel Valerio sostuvo que el proceso no debería considerarse criminal y recalcó que sus clientes no han mostrado avaricia. Destacó el alcance de acuerdos con 40 víctimas y que estos han derivado en desistimientos formales.
• Ministerio Público: Wilson Camacho, director de la Dirección de Persecución, defendió la clasificación del hecho como homicidio involuntario y expresó su intención de apelar, alegando que la jueza minimizó el impacto sobre las víctimas.
• Cargos: Los hermanos Espaillat enfrentan acusaciones de homicidio involuntario y manipulación de testigos, ya que la Fiscalía sostiene que ignoraron advertencias de seguridad estructural.

Próximos pasos en la investigación del caso Jet Set

Con la implementación de las nuevas medidas cautelares, el caso entra en una fase de investigación más intensiva. La defensa ha anunciado la realización de un estudio técnico y análisis pericial, insistiendo en que el colapso se debió a una construcción ejecutada en 2014 y no a una negligencia deliberada. Las acciones judiciales que se tomen en esta etapa serán cruciales para determinar responsabilidades legales y satisfacer la demanda de justicia de las víctimas y sus familias.

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