Sociedad de Emergenciología denuncia uso indebido de salas de emergencias

La Sociedad Dominicana de Emergenciología (SODOEM) ha expresado su preocupación por el uso indebido de las salas de emergencias en hospitales del país, donde se trasladan masivamente ciudadanos arrestados para obtener certificaciones médicas de «No lesiones» o «No tiene ninguna enfermedad». Esta práctica, según la entidad, está afectando la atención de pacientes que realmente requieren atención urgente.

Congestionamiento de salas de emergencias

SODOEM advirtió que el traslado de grupos de detenidos a las salas de emergencias está contribuyendo al congestionamiento de estos espacios, lo que representa un riesgo tanto para los pacientes en necesidad de atención médica como para los profesionales de la salud encargados de emitir diagnósticos. La organización enfatizó que las salas de emergencias deben ser utilizadas exclusivamente para atender condiciones agudas y no para certificaciones administrativas de personas aparentemente sanas.

La entidad detalló que diariamente llegan a los hospitales grupos de entre cinco y quince personas detenidas, ocupando recursos y tiempo médico en un sistema que ya enfrenta altos niveles de saturación. SODOEM subrayó que un diagnóstico médico adecuado requiere una historia clínica completa y un examen físico detallado, y que las presiones externas para emitir certificaciones rápidas pueden comprometer la calidad de la atención.

Propuesta de Consultorios de Evaluación Médica

Además, la sociedad médica destacó que los médicos de emergencias no deben ser forzados a interrumpir la atención de pacientes con condiciones críticas para atender casos administrativos. Propuso la creación de Consultorios de Evaluación Médica para Personas Bajo Custodia en destacamentos policiales, donde se pueda realizar una evaluación adecuada de los detenidos sin afectar los servicios de emergencias hospitalarias.

SODOEM hizo un llamado al Ministerio de Salud Pública, al Servicio Nacional de Salud, a la Policía Nacional y al Ministerio Público para establecer un protocolo nacional que regule la evaluación médica de personas privadas de libertad. La organización reiteró su disposición para colaborar con las autoridades en la búsqueda de soluciones que protejan los derechos humanos y la seguridad de los pacientes y del personal médico.