Miembros de red criminal implicada en robo de miles de proyectiles de la Policía enfrentan juicio

A solicitud del Ministerio Público, una jueza del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional ha dictado auto de apertura a juicio contra el coronel Narciso Antonio Féliz Romero, exencargado de la Intendencia de Armas de la Policía Nacional, y el capitán Nelson Valdez, entre otros, por su implicación en el robo y venta de municiones y pertrechos de la institución policial.

Desarrollo del caso

La titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, junto a los fiscales Emmanuel Ramírez, Melbin Romero y Rosa Ysabel, representaron al Ministerio Público en la audiencia preliminar, donde solicitaron el envío a juicio de los acusados. La jueza Patricia Padilla rechazó la solicitud de procedimiento penal abreviado presentada por Miguelina Bello Segura y ordenó la continuación del proceso en su contra.

Marino Antonio Rodríguez Toribio fue condenado a cinco años de prisión en arresto domiciliario y se clausuró definitivamente la razón social Tactical Accesories RH, S.R.L., a la que representaba. Además, se le impuso una multa de 10 salarios mínimos del sector público y se ordenó el decomiso de los bienes incautados.

Otros acusados y medidas cautelares

Junto a Féliz Romero y Valdez, también fueron enviados a juicio:

• Víctor Manuel Santos Rodríguez
• Juan Luis Díaz Medina
• Ángel Rubiel Martínez Bacilio
• Morelbin Medina Pérez

A estos últimos se les varió la prisión preventiva por una garantía económica de 500 mil pesos, con impedimento de salida del país y obligación de presentarse periódicamente ante el Ministerio Público. Las medidas de coerción para Santos Rodríguez se mantienen.

Detalles de la operación y acusaciones

La decisión de apertura a juicio fue notificada a través de la Secretaría del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional. El grupo criminal fue arrestado en noviembre de 2024 durante la Operación Pandora, y se les acusa de desfalcar al Estado en más de 92 millones de pesos mediante la sustracción de municiones y pertrechos bajo custodia de la Policía Nacional.

Los acusados enfrentan cargos por coalición de funcionarios, prevaricación, desfalco y asociación de malhechores, así como violaciones a la Ley 631-16 sobre Armas y la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.