La Procuraduría aclara que memes y parodias no constituyen delito
Luis Garcia
Publicado el 29/07/2026
La Procuraduría General de la República Dominicana ha aclarado que el Código Penal y su reforma no tipifican como delito la creación o publicación de memes, parodias, caricaturas, sátiras, videos o imágenes con fines periodísticos, artísticos, humorísticos o de crítica social. Esta precisión fue emitida en una comunicación firmada por la procuradora general, Yeni Berenice Reynoso.
Interpretaciones y libertad de expresión
La aclaración del Ministerio Público responde a interpretaciones que han generado confusión en la opinión pública respecto a las disposiciones penales relacionadas con contenidos digitales y la libertad de expresión. Según la Procuraduría, estas expresiones no son consideradas dolosas siempre que sean reconocibles como obras de creación o ficción, no busquen engañar al público con fines ilícitos y no atenten contra la integridad de menores.
Principios de legalidad penal
El Ministerio Público subrayó que, de acuerdo con los principios de legalidad penal, una acción solo puede ser sancionada si está descrita de manera expresa y precisa en la ley. En este sentido, la alteración de videos o audios con fines ilícitos no se extiende a la creación de memes o parodias, que son ejercicios de libre expresión y creación artística.
Preocupaciones sobre el nuevo Código Penal
La aclaración se produce tras preocupaciones manifestadas por diversos sectores sobre artículos del nuevo Código Penal que abordan temas como la difamación, la injuria y la privacidad. El Poder Ejecutivo promulgó el Decreto 507-26 el 27 de julio de 2026, que incluye mejoras al Código Penal aprobadas por el Congreso Nacional, y estableció una comisión de seguimiento para discutir futuras reformas.
Modificaciones y derechos
El presidente Luis Abinader había señalado que las modificaciones buscaban equilibrar la protección del honor y la dignidad de las personas con el derecho a la libertad de expresión. La procuradora Reynoso defendió la necesidad de actualizar el Código Penal, argumentando que el anterior, vigente desde el siglo XIX, no respondía adecuadamente a los delitos contemporáneos.
