Juezas decidirán este lunes sobre la extinción penal en el Caso Medusa
Santo Domingo, RD. – Este lunes, las juezas del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional emitirán su decisión respecto a la solicitud de extinción de la acción penal presentada por la defensa del exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, quien es el principal acusado en el Caso Medusa, relacionado con un presunto desfalco de más de RD$6,000 millones al Estado dominicano.
Argumentos de la defensa
La defensa de Jean Alain Rodríguez, liderada por el abogado Carlos Balcácer, ha solicitado al tribunal que declare la extinción penal, argumentando que el proceso judicial ha superado los cinco años, excediendo el plazo máximo de cuatro años establecido por el Código Procesal Penal. En caso de que las magistradas accedan a esta solicitud, el proceso judicial se daría por concluido. Si, por el contrario, la solicitud es rechazada, la jueza presidente del tribunal, Claribel Nivar Arias, ordenará al Ministerio Público iniciar la lectura de la acusación contra Rodríguez y otros implicados en el caso.
Desarrollo del caso
El pasado miércoles, el tribunal pospuso la decisión para este lunes. La controversia se originó el 16 de febrero con la presentación de varios incidentes, que fueron rechazados por el tribunal el 27 de julio, lo que llevó a la defensa a formalizar la solicitud de extinción de la acción penal.
El Ministerio Público, que inició la investigación del Caso Medusa en 2021, ha solicitado al tribunal que rechace la petición de la defensa, argumentando que los retrasos en el proceso han sido causados por las acciones dilatorias de los abogados del imputado. La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) imputa a Rodríguez múltiples delitos, incluyendo fraudes relacionados con el Comité de Compras y Contrataciones de la Procuraduría General de la República, sobornos, lavado de activos y un desfalco superior a RD$6,000 millones.
Expectativas del Ministerio Público
El director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, expresó su confianza en que la decisión del tribunal se ajuste a la normativa legal, enfatizando la importancia de que el exprocurador enfrente las pruebas en su contra. Camacho también destacó que el caso cuenta con 34 líneas de imputación por corrupción administrativa, sustentadas en una estructura criminal organizada que ha afectado el patrimonio público.







