Juez Deiby Peguero busca iniciar este lunes la audiencia preliminar del Caso Lobo por sobornos de RD$108 millones
Santo Domingo.- Este lunes, el juez Deiby Peguero, del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, intentará dar inicio a la audiencia preliminar del Caso Lobo, que involucra a una red de corrupción compuesta por militares y civiles acusados de distribuir sobornos que superan los RD$108 millones a cambio de contratos de seguridad privada en diversas instituciones públicas.
Detalles de la audiencia preliminar
La audiencia preliminar se llevará a cabo tras la presentación de la acusación por parte del Ministerio Público, que solicita el envío a juicio de fondo de los imputados. Entre los acusados se encuentran:
- Quilvio Bienvenido Rodríguez González, empresario
- Bolívar Nicolás Fernández Espinal, exencargado de Seguridad de Edenorte Dominicana
El expediente incluye a varios militares y miembros de cuerpos castrenses, como:
- Carlos Ambrosio Robles Díaz, mayor general retirado del Ejército
- Andrés Pacheco Varela, coronel y exencargado de seguridad de Edenorte
- Luis Ernesto Vicioso Bocio, coronel y exdirector de seguridad de EdeEste
Empresas involucradas y monto de los sobornos
Además de las personas físicas, la acusación también abarca a las empresas:
- Servicio Nacional de Seguridad Integral S.R.L. (Senase)
- El Niño Prodigio EIRL, vinculadas a Rodríguez
- Magestym Waste & Recycling Company SA
- Magesty Recycling SRL, asociadas a Fernández Espinal y Miguelina Antonia Rosario Sánchez
La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y la Dirección General de Persecución han establecido que los sobornos ascienden a RD$108,080,359.92, los cuales eran exigidos y recibidos por los encargados de seguridad institucional para asegurar la adjudicación y permanencia de los contratos.
Origen de la investigación
La investigación se inició a raíz de una denuncia de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig), que reveló que la empresa Senase realizó pagos a funcionarios involucrados entre los años 2012-2020 y 2020-2025, mediante transferencias bancarias y entregas en efectivo.
El pasado 6 de septiembre, el juez Peguero había aplazado el inicio de la audiencia preliminar para esta fecha, en la que el Ministerio Público confirmó su disposición para presentar el caso.







