El presidente Abinader promulga la Ley 25-26 que establece el sistema nacional «Alertas RD» para la búsqueda de personas desaparecidas

El presidente Luis Abinader promulgó el miércoles la Ley 25-26, que crea el sistema nacional «Alertas RD» para la búsqueda de personas desaparecidas en la República Dominicana. Esta legislación establece un mecanismo de difusión masiva e inmediata, que clasifica las alertas según la vulnerabilidad de la víctima.

Objetivos y funcionamiento de la ley

La Ley 25-26 tiene como objetivo proporcionar un marco jurídico coordinado y ágil para responder de manera inmediata ante casos de desaparición, priorizando la dignidad humana y la protección de los sectores más vulnerables. La activación del sistema de alertas deberá realizarse de forma obligatoria y conjunta entre la Policía Nacional y el Ministerio Público en un plazo no mayor a 24 horas tras el reporte de desaparición.

Tipos de alertas y difusión

El nuevo sistema incluye cuatro tipos de alertas:

• Alerta Amber: destinada a la sustracción o desaparición de niños, niñas y adolescentes;
• Alerta Silver: para la localización de adultos mayores de 65 años;
• Alerta Azul: aplicable en casos de desaparición de personas con discapacidad física o mental;
• Alerta Rosa: que se activa para mujeres en contextos de violencia de género o trata de personas.

Las alertas tendrán una vigencia inicial de cinco días, prorrogables, y se difundirán a través de redes sociales, medios de comunicación, terminales de transporte y boletines policiales. Además, se creará un Registro Nacional de Personas Desaparecidas, que será una base de datos centralizada y de acceso interinstitucional, administrada por la Policía Nacional.

Consejo Nacional y sanciones

Para la dirección de esta ley, se establecerá el Consejo Nacional para la Búsqueda de Personas Desaparecidas, que estará adscrito al Ministerio de Interior y Policía. Este consejo incluirá representantes de diversas instituciones del Estado.

La ley también contempla un régimen de sanciones para los servidores públicos que no informen o que obstaculicen los protocolos establecidos en casos de desaparición. Con la promulgación de la Ley 25-26, el Gobierno dominicano reafirma su compromiso con la seguridad ciudadana y la protección de los derechos fundamentales de la población.