El Ministerio Público apelará las sentencias favorables a los procesados en el caso Gavilán
Luis Garcia
Publicado el 07/11/2026
El Ministerio Público anunció su intención de interponer un recurso de casación ante la Suprema Corte de Justicia contra las sentencias que modifican las condenas de 10 años de prisión impuestas a los miembros de una red criminal que alteraba registros de antecedentes penales. Esta decisión se produce tras la reciente resolución de la Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional.
Modificación de las condenas
La Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, compuesta por los jueces Daneira García Castillo, July Tamariz y Pedro Nolasco, ha modificado las condenas impuestas en primera instancia a los integrantes de la red criminal desmantelada durante la Operación Gavilán. Luis Peña Cedeño fue condenado a dos años de reclusión en arresto domiciliario, mientras que Pilar Yrenes Medina Trinidad recibió una pena de cinco años, de los cuales tres serán cumplidos en arresto domiciliario y los restantes dos años suspendidos condicionalmente.
- José Ramón Quezada Carmona también fue condenado a cinco años, con condiciones similares a las de Medina Trinidad.
El Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional había condenado previamente a los procesados a 10 años de prisión y multas significativas, basándose en pruebas presentadas por el Ministerio Público. El Ministerio Público argumenta que la decisión del tribunal de alzada representa una interpretación inadecuada de la ley y, por lo tanto, procederá con el recurso de casación. Esta acción busca revertir las sentencias que han reducido las penas de los acusados, quienes formaban parte de una estructura criminal que alteraba datos en la base de datos del Ministerio Público, facilitando la eliminación de antecedentes penales a cambio de sobornos.
Absoluciones y condenas
La corte también absolvió a Víctor Gilberto Mercedes Gómez, mientras que otros procesados recibieron diversas condenas y multas. Las pruebas presentadas durante el juicio fueron consideradas suficientes para demostrar la existencia de una organización dedicada al cibercrimen, que comprometió la seguridad jurídica del sistema de justicia en la República Dominicana.
