El Gobierno clasifica como terroristas medioambientales a quienes dañen los parques nacionales

El Gobierno dominicano ha emitido el decreto 615-26, que establece el combate al terrorismo medioambiental como una prioridad nacional. Esta normativa contempla sanciones de 20 a 30 años de prisión para quienes realicen agresiones deliberadas contra los parques nacionales y los recursos naturales críticos.

Presentación del decreto y medidas implementadas

Durante la presentación del decreto en el Palacio Nacional, el presidente Luis Abinader subrayó que las acciones que impliquen la desaparición o daño sistemático a los parques nacionales serán consideradas actos de terrorismo medioambiental. El mandatario enfatizó que se implementarán medidas drásticas y una persecución penal rigurosa contra tanto dominicanos como extranjeros involucrados en estos delitos.

Abinader destacó que, históricamente, los parques nacionales no habían recibido la atención necesaria por parte del Estado, lo que ha llevado a que muchas de estas áreas protegidas carezcan de títulos de propiedad. Este proceso de regularización ya ha comenzado.

Incendios forestales y marco legal

El presidente también mencionó que muchos de los incendios forestales recientes, como el ocurrido en el Parque Nacional de Bahoruco, son resultado de actividades ilícitas que amenazan la flora, la fauna y el suministro de agua del país.

El nuevo marco legal busca corregir la vulnerabilidad de las leyes anteriores, que permitían que los infractores quedaran en libertad rápidamente. Con el respaldo del nuevo Código Penal, las conductas que afecten los parques nacionales enfrentarán penas severas. Abinader instruyó a las Fuerzas Armadas y a otros organismos a asegurar que todos los responsables, sin importar su nacionalidad, enfrenten las mismas consecuencias legales.

Prevención y participación ciudadana

El decreto 615-26 prioriza la prevención y la investigación del terrorismo medioambiental, protege áreas críticas y establece una coordinación institucional para combatir estas amenazas. Además, se implementarán mecanismos de denuncia confidencial para involucrar a la ciudadanía en la protección del medio ambiente.