El Congreso modificará el Código Penal bajo presión y contrarreloj

El Congreso de la República Dominicana se apresta a modificar 18 artículos de la Ley 74/25, que establece el nuevo Código Penal, ante la presión ciudadana y diversas protestas. Esta modificación se llevará a cabo a solo 24 días de la entrada en vigencia de la ley, programada para el 3 de agosto, y a 16 días del cierre de la actual legislatura.

Modificaciones propuestas y su contexto

El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, ha enviado el proyecto de modificación del Código Penal, propuesto por el Poder Ejecutivo, a una comisión bicameral con el compromiso de aprobar los cambios antes de la fecha de entrada en vigencia de la ley. La iniciativa, impulsada por el Ministro de Justicia, Antoliano Peralta, busca permitir la implementación de la nueva ley mientras se introducen modificaciones solicitadas por diversos sectores de la sociedad.

Las críticas a la ley se han centrado en artículos que afectan la libertad de expresión y el ejercicio de la medicina. En respuesta a la presión social, se han llevado a cabo protestas en la Plaza de la Bandera y cacerolazos en diferentes áreas del país.

Cambios relevantes en el Código Penal

El comunicado del Senado indica que las modificaciones propuestas buscan incorporar mejoras basadas en observaciones de juristas, académicos y organizaciones de la sociedad civil. Estas modificaciones abarcan temas como la protección de derechos fundamentales, la libertad de expresión y la lucha contra la corrupción.

• Modificación del artículo 123, que aborda el ciberbullying.
• Modificación del artículo 192, que regula la difusión de imágenes sin consentimiento.
• Redefinición del artículo 208 sobre difamación para garantizar mayor precisión jurídica.
• Ajustes a los artículos 121 y 122, que tratan sobre el hostigamiento y el bullying.
• Perfeccionamiento de disposiciones relacionadas con el abandono de menores y el perjurio.

A pesar de estas modificaciones, continúan los recursos ante el Tribunal Constitucional en contra de varios artículos del Código Penal, incluyendo aquellos que afectan el ejercicio de la medicina, lo que ha generado preocupación entre los profesionales del sector salud.