Banreservas rechaza solicitud de embargo a cuentas de la JCE
El Banco de Reservas ha rechazado la solicitud de embargo retentivo contra los fondos de la Junta Central Electoral (JCE) en el contexto del caso que involucra a la sociedad comercial Latin Events, LLC. La JCE ha interpuesto un recurso de apelación en respuesta a esta situación.
Decisión de Banreservas y fundamentos legales
La decisión de Banreservas se basa en la Ley 86-11 y en la sentencia 0048-2015 del Tribunal Constitucional, que prohíben a las entidades de intermediación financiera inmovilizar fondos públicos a menos que exista una sentencia definitiva. La JCE argumenta que esta condición no se cumple en el caso del embargo solicitado.
Latin Events, LLC había solicitado la retención de RD$108,720,000 sobre los fondos de la JCE, en relación con un proceso para ejecutar una sentencia de un tribunal estadounidense por presunto incumplimiento contractual. En respuesta, la JCE ha presentado un recurso de apelación y ha citado a Latin Events, LLC para comparecer ante la Cámara de lo Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional.
Detalles de la apelación y su contexto
La apelación, presentada el 16 de julio de 2026, es contra un auto emitido el 29 de junio de 2026 por la Tercera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, que había acogido una solicitud de homologación de sentencia extranjera presentada por Latin Events, LLC. Esta homologación busca otorgar fuerza ejecutoria en el país a una sentencia dictada en Estados Unidos.
La JCE ha manifestado su intención de demostrar en las instancias judiciales que no asumió la obligación reclamada por Latin Events, destacando que no existe evidencia de aprobación ni autorización para la adquisición de los servicios que la empresa alega haber prestado. La institución subraya que este aspecto es fundamental para el orden público de la debida contratación pública y debe ser evaluado por el juez del exequátur.
El proceso ahora queda a la espera de la apelación ante la Corte de Apelación del Distrito Nacional, donde se discutirá la procedencia de la homologación de la sentencia extranjera y los efectos que esta podría tener sobre los fondos públicos administrados por la JCE.







