Aumento de la trata de menores para explotación infantil en República Dominicana
Luis Garcia
Publicado el 29/07/2026
En República Dominicana, se ha registrado un incremento en las modalidades de trata de menores con fines de explotación infantil. La Procuraduría Especializada de Persecución al Delito contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes (PETT) ha alertado sobre esta situación, que incluye el reclutamiento para el tráfico de drogas y la mendicidad forzada.
Tácticas de las redes de trata
La titular de la PETT, Yoana Bejarán, ha señalado que las tácticas utilizadas por las redes de trata incluyen el traslado geográfico de menores para desarticular sus redes de apoyo. Este fenómeno afecta principalmente a niños de familias en situaciones precarias, quienes son llevados a lugares lejanos para evitar que sus familiares los encuentren.
Además, se ha advertido sobre la cibertrata, donde adolescentes son explotados para generar contenido en redes sociales o vender productos en línea sin recibir compensación. En muchos casos, los menores no son conscientes de que un adulto, a menudo un familiar, se beneficia económicamente de su trabajo.
Mendicidad forzada y explotación
La mendicidad forzada también es una preocupación, con niños trasladados entre localidades para vender productos en semáforos o pedir dinero, lo que les impide acceder a la educación. Asimismo, se ha identificado el suministro de sustancias controladas a adolescentes, quienes son inducidos a la adicción y obligados a cometer delitos.
La trata de personas se ha convertido en un negocio altamente lucrativo, compitiendo con el narcotráfico. Según informes de las Naciones Unidas, las estructuras criminales imponen deudas fraudulentas a las víctimas, que pueden oscilar entre 3,000 y 4,000 dólares, manteniéndolas en condiciones de explotación durante años.
Medidas de la Procuraduría
Para abordar esta problemática, la PETT ha fortalecido sus capacidades operativas, aumentando su equipo y creando una unidad especializada en cibertrata. También se han abierto fiscalías comunitarias y se proyecta la apertura de nuevas sedes en diversas localidades.
La Procuraduría ha establecido protocolos de protección para las víctimas, canalizándolas a casas de acogida y coordinando con organismos internacionales para la repatriación de extranjeras. El programa de asistencia incluye apoyo psicológico y reinserción social para evitar que las víctimas sean nuevamente captadas por redes de trata.
