Aldama y Koldo NO hicieron negocios con el gobierno de República Dominicana

El Gobierno de República Dominicana ha optado por intervenir públicamente para fijar posición ante las informaciones publicadas haciéndose eco del último informe de la UCO sobre el Caso Koldo. A través de la Dirección de Estrategia y Comunicación Gubernamental, el Ejecutivo ha emitido un comunicado que desvincula de forma tajante al gobierno dominicano de cualquier implicación en la trama investigada en España.

El contexto no es menor. El caso, que se investiga en Madrid, ha ido ampliando su alcance más allá de las fronteras españolas, generando sospechas sobre posibles conexiones internacionales en plena pandemia. En ese escenario, la reacción dominicana se inscribe en una lógica de contención reputacional, en la que la claridad institucional se convierte en un activo político clave.

El comunicado es explícito desde su inicio. La Dirección de Estrategia y Comunicación Gubernamental (DIECOM) subraya que “desde el 16 de agosto de 2020 hasta la fecha, el Gobierno dominicano no ha suscrito contratos, ni ha realizado procesos de compras o adquisiciones de bienes y servicios con ninguna de las empresas señaladas en dicho caso”. Esta afirmación no se limita a una negación genérica, sino que incluye una enumeración precisa de las compañías mencionadas en la investigación, entre ellas Pronalab, Modular HV Corp, Reusa, GSI Dominicana, Bali, Megalab Eurofins y Eurofins Histolog.

La contundencia del mensaje cierra cualquier margen de ambigüedad. En ese sentido, el Ejecutivo insiste en que “la presente administración no mantiene vínculos comerciales ni relaciones contractuales con las referidas entidades”. Esta reiteración refuerza una narrativa basada en la separación absoluta entre la gestión pública dominicana y las empresas bajo sospecha en el caso Koldo.

Uno de los aspectos más sensibles del comunicado se refiere a las supuestas comunicaciones de alto nivel. El Gobierno dominicano introduce una negación directa: “se niega que se haya producido comunicación alguna con el Presidente de la República como alguien comentó en medio del desarrollo del referido proceso”. Esta frase no solo desmiente los hechos, sino que apunta a corregir lo que considera interpretaciones erróneas surgidas en el curso de la investigación, dado que el WhatsApp que se remitió al presidente dominicano, jamás fue atendido ni respondido.

El comunicado concluye con una reafirmación de principios que busca cerrar el mensaje en clave política: “esta administración reafirma su compromiso con la transparencia y el cumplimiento de la ley”. Esta declaración final no es meramente protocolaria; funciona como un recordatorio de la narrativa que el Gobierno pretende sostener tanto a nivel interno como externo.

El informe de la UCO ha mostrado una serie de mensajes que se produjeron antes de que el actual gobierno tomara posesión y, en consecuencia, no tenía capacidad para contratar nada con nadie. Sacar conclusiones o hacer acusaciones sin analizar registros sobre contratación pública es irresponsable y el gobierno dominicano lo ha dejado claro. Dos procesados e investigados por corrupción hablaron por WhatsApp, no hay nada más, como ha dejado claro el Ejecutivo de la República Dominicana.