Adolescente de 13 años vinculada a presunto rapto de un niño en Los Tres Brazos permanece bajo custodia policial
En Santo Domingo, una adolescente de 13 años, relacionada con el presunto rapto de un niño de cuatro años en el sector de Los Tres Brazos, se encuentra bajo custodia de la Policía Especializada de Niños, Niñas y Adolescentes (PNNA). La menor está a la espera de una medida cautelar solicitada por el Ministerio Público.
Detalles del caso
Según las investigaciones preliminares, la adolescente había escapado de un centro de acogida tras ser ingresada al Sistema Nacional de Protección del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI) el 23 de septiembre de 2026, a raíz de una vulneración de sus derechos en el entorno familiar. Se ha indicado que la menor presenta una condición de salud mental y había realizado salidas no consentidas de un hospital antes de su ingreso.
CONANI ha informado que, durante su estancia en el programa de atención residencial de la Fundación Cristiana Ama a Tu Prójimo, la adolescente intentó abandonar las instalaciones en varias ocasiones. La última de estas salidas se registró el 28 de septiembre, lo que llevó a las autoridades a coordinar su localización y reingreso a un centro de acogida.
Localización del niño y medidas a seguir
El 30 de septiembre, el hospital Marcelino Vélez notificó a CONANI que la menor se encontraba en sus instalaciones, y al día siguiente, el hospital Robert Reid Cabral también reportó su presencia. Sin embargo, al momento de realizar el abordaje para aplicar la medida de protección, se informó que la adolescente había salido sin autorización.
Respecto al niño de cuatro años, quien había sido reportado desaparecido en Los Tres Brazos, fue localizado sano y salvo en las cercanías de Capotillo, Distrito Nacional. CONANI ha señalado que corresponde al Ministerio Público llevar a cabo las investigaciones pertinentes y determinar las responsabilidades, instando a tratar la información con cautela debido a la edad de la adolescente. La entidad también aclaró que los programas de atención residencial son espacios de protección y no de privación de libertad.







