CUED respalda decreto de emergencia para abordar crisis eléctrica en República Dominicana
El Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (CUED) ha manifestado su apoyo al Decreto 517-25, promulgado por el Poder Ejecutivo de la República Dominicana. Esta medida emergente busca asegurar la estabilidad del sistema eléctrico nacional ante el incremento de la demanda y los riesgos de desabastecimiento, reafirmando la importancia de mantener la calidad y continuidad del servicio eléctrico en el país.
Declaración de emergencia para fortalecer la infraestructura eléctrica
El Decreto 517-25 establece una declaración de emergencia nacional para agilizar la adquisición de bienes, servicios y obras esenciales que permitan ampliar la capacidad de generación, almacenamiento y distribución de energía. Dicha acción responde a que, en 2025, la demanda eléctrica superó los 3,850 megavatios, un escenario agravado por los efectos del cambio climático y los retrasos en proyectos clave relacionados con la modernización de las redes eléctricas.
Impacto y transparencia en las contrataciones públicas
- Propósito del decreto: El CUED aclaró que el objetivo del decreto no es eludir los procedimientos regidos por la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones, sino viabilizar una rápida ejecución de las inversiones para incrementar la eficiencia del servicio eléctrico.
- Transparencia: Todas las contrataciones se gestionarán a través del Portal Transaccional de la Dirección General de Contrataciones Públicas, asegurando la trazabilidad de los procesos y la rendición de cuentas ante las entidades fiscalizadoras.
- Supervisión: Desde 2024, el CUED reforzó su área de auditoría interna, permitiendo la supervisión constante de auditores permanentes de la Contraloría General de la República en cada empresa distribuidora.
Participación ciudadana y vigilancia para fortalecer la confianza pública
El CUED ha convocado a la ciudadanía, los medios de comunicación y los sectores productivos a involucrarse activamente en la supervisión y seguimiento de la implementación del decreto. Para el consejo, la transparencia y el involucramiento social son fundamentales para mantener la confianza pública en las inversiones del sector eléctrico, contribuyendo directamente a la mejora de la calidad de vida y el desarrollo económico del país.
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