Cámara de Cuentas ratifica la legalidad del contrato entre Inposdom y Miacargo

TL;DR: La Cámara de Cuentas de República Dominicana confirmó la legalidad del contrato entre Inposdom y Miacargo, exonerando a la empresa tras una auditoría sobre el periodo 2020-2021.

La Cámara de Cuentas de la República Dominicana ha determinado que no existen irregularidades en la contratación de la empresa Miacargo por parte del Instituto Postal Dominicano (Inposdom). Esta conclusión se desprende de un informe final de investigación especial que abarca el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2021.

Investigación y resolución sobre el contrato entre Inposdom y Miacargo

La investigación fue impulsada en junio de 2022 por una solicitud de la Dirección de Auditoría y se centró en revisar los contratos suscritos con Miacargo y otros aspectos de la gestión institucional y de personal del Inposdom. Mediante la Resolución núm. AUD-2025-008, emitida el 10 de junio de 2025, se concluyó que las relaciones contractuales no tienen relación con los hallazgos negativos observados, lo que exime a Miacargo de toda responsabilidad administrativa relacionada.

Aspectos clave del informe de la Cámara de Cuentas

• Período auditado: Desde el 1 de enero de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2021.
• Base de la auditoría: Solicitud realizada por la Dirección de Auditoría en junio de 2022.
• Contratos revisados: El contrato fue firmado con Ezemarval LLC, no con Miacargo SRL.
• Corrección de nombres: Se estableció que Jesús Sole Martínez no es empleado de Miacargo; el nombre correcto es Jesús Solé Llerena.
• Responsabilidad administrativa: Ninguno de los señalados fue socio de Ezemarval LLC ni existieron vínculos irregulares.

Cumplimiento normativo y respuesta a demandas de transparencia

Las autoridades de Inposdom, lideradas por la doctora Emma Polanco Melo, aseguraron que todos los procedimientos se apegaron a la normativa vigente y al debido proceso, garantizando el respeto al derecho a réplica de funcionarios mencionados. El informe respondió a demandas de transparencia en la adquisición y gestión de recursos públicos, incluyendo procesos de compras, contrataciones y desvinculaciones, atendiendo así las expectativas ciudadanas en materia de control institucional.

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