Amnistía Internacional solicita a Haití y El Salvador asegurar el respeto a los derechos humanos en la lucha contra las bandas

Amnistía Internacional (AI) ha instado a los gobiernos de Haití y El Salvador a garantizar el respeto a los derechos humanos en el contexto del despliegue de más de 2.000 soldados salvadoreños en Puerto Príncipe, destinado a combatir las bandas armadas. La solicitud se realizó en un comunicado emitido el lunes.

Compromisos de los líderes

Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional, enfatizó que tanto el primer ministro haitiano, Alix Didier Fils-Aimé, como el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, deben asegurar que las operaciones de las fuerzas salvadoreñas en Haití cumplan con el derecho internacional de los derechos humanos. Piquer subrayó que el compromiso del primer ministro haitiano de no tolerar violaciones debe traducirse en garantías efectivas.

Las bandas armadas controlan gran parte de Puerto Príncipe, y su combate es llevado a cabo por la Policía Nacional Haitiana (PNH) y la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF), esta última autorizada por el Consejo de Seguridad de la ONU en septiembre de 2025. El contingente salvadoreño se unió a esta campaña el mes pasado, bajo el pretexto de ayudar en la búsqueda de cuatro militares salvadoreños desaparecidos desde el 18 de octubre.

Transparencia y supervisión

Amnistía Internacional también solicitó que ambos gobiernos hagan público el acuerdo que respalda el despliegue militar y detallen cómo se supervisan las fuerzas, las reglas sobre el uso de la fuerza, y cómo la población puede denunciar posibles violaciones sin temor a represalias.

Fils-Aimé ha declarado que su objetivo es erradicar el dominio de las pandillas y restaurar la autoridad del Estado, aunque no está claro si las tropas salvadoreñas operan de manera independiente o en coordinación con la PNH y la GSF.

El portavoz del secretario general de la ONU, Stéphane Dujarric, aclaró que la mayoría de los efectivos salvadoreños no forman parte de la GSF, lo que los excluye de ciertos mecanismos de supervisión de la ONU.

Derechos de la población

Piquer concluyó que la población haitiana tiene derecho a vivir sin violencia y que las operaciones de seguridad deben respetar los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, especialmente en áreas cercanas a viviendas, escuelas y hospitales. AI también exigió investigaciones rápidas e imparciales sobre cualquier denuncia de violaciones de derechos humanos y pidió la liberación inmediata de los cuatro militares salvadoreños si están en poder de una banda armada.