Tribunal federal anula la suspensión de visados impuesta por Trump para 75 países

Un tribunal federal de Estados Unidos ha revocado la suspensión de visados de inmigrante para 75 países, medida implementada a principios de año por el Gobierno del expresidente Donald Trump. La jueza Jeannette Vargas, del Distrito Sur de Nueva York, determinó que el secretario de Estado, Marco Rubio, excedió sus competencias legales al aplicar esta prohibición.

Sentencia y justificación del fallo

En una sentencia de 61 páginas, la jueza Vargas calificó la prohibición como «manifiestamente ilegal» y cuestionó la justificación del Gobierno, que argumentaba que los solicitantes de los países afectados representaban un alto riesgo de convertirse en una «carga económica» para Estados Unidos. La magistrada destacó que se ordenó a funcionarios estadounidenses denegar visados incluso a inmigrantes que cumplían con los requisitos y que probablemente serían autosuficientes, lo que contraviene la norma que exige evaluaciones individualizadas de cada caso.

Países afectados y demandantes

Los países afectados por esta directiva incluyen naciones de América Latina y el Caribe, como:

• Brasil
• Colombia
• Cuba
• Guatemala
• Haití
• Nicaragua
• Uruguay

Así como otros como:

• Afganistán
• Egipto
• Irak
• Irán
• Marruecos
• Nigeria
• Rusia
• Somalia
• Tailandia
• Yemen

Entre los demandantes se encuentran cinco profesionales colombianos que recibieron negativas a sus solicitudes de visado y seis estadounidenses que argumentan que la prohibición perjudicó a sus familiares en Ghana, Jamaica, Guatemala y Etiopía. El fallo de la jueza también revoca las denegaciones de visado basadas exclusivamente en esta medida, lo que podría llevar a la revisión de miles de solicitudes ya procesadas.

Reacciones y comentarios

Joanna Cuevas Ingram, abogada principal del National Immigration Law Center, afirmó que esta decisión representa una victoria significativa para las familias afectadas por la prohibición, calificándola de ilegal y discriminatoria. Skye Perryman, presidenta de la ONG Democracy Forward, subrayó que el fallo es un rechazo contundente a una política que causó un daño considerable a familias y comunidades en todo el país. Hasta el momento, ni el Departamento de Estado ni la Casa Blanca han emitido comentarios sobre la decisión.