Accidentes de tránsito generan un costo de RD$16,251 millones a aseguradoras
En 2025, las compañías aseguradoras en República Dominicana desembolsaron RD$16,251.5 millones para cubrir siniestros relacionados con accidentes de tránsito. Esta cifra refleja el impacto económico significativo que los accidentes tienen no solo en las aseguradoras, sino también en los conductores, quienes enfrentan primas más altas.
Impacto de los accidentes en las aseguradoras
Según Franklin Glass, presidente ejecutivo de la Cámara Dominicana de Aseguradores y Reaseguradores (Cadoar), la crisis de seguridad vial en el país se ha intensificado, con un costo que ya en los primeros cinco meses de 2026 alcanzaba RD$7,235.1 millones. Este aumento en los gastos de indemnización se debe a la alta frecuencia de accidentes, que representa el 26% de todos los siniestros del sector asegurador.
Glass destacó que, aunque no se consolida el número de reclamaciones por accidente, el volumen de recursos destinados a indemnizaciones es considerable. En los últimos años, más de 3,000 muertes y alrededor de 100,000 lesiones han sido reportadas anualmente debido a accidentes de tránsito. La siniestralidad del ramo de vehículos ha mostrado una tendencia ascendente, alcanzando un 65.42% a finales de mayo de 2026.
Causas y consecuencias de los accidentes
El aumento en los costos de reparación y la escasez de piezas también han contribuido a que el costo de atender un siniestro sea cada vez mayor. A pesar de que el parque vehicular en el país es de aproximadamente 6.9 millones de unidades, con un 57% de motocicletas, solo una de cada diez motocicletas cuenta con una póliza de seguro vigente, lo que deja gran parte del impacto económico fuera del sistema formal de seguros.
- Exceso de velocidad
- Distracciones al volante
- Irrespeto a las señales de tránsito
- Conducción bajo los efectos del alcohol
Las áreas con mayores niveles de accidentalidad son el Gran Santo Domingo, Santiago y las principales autopistas.
Propuestas para mejorar la seguridad vial
Cadoar enfatiza que la solución a este problema no se limita a indemnizar, sino que requiere una estrategia nacional que involucre a diversas partes interesadas, incluyendo autoridades, el sistema educativo y la ciudadanía. Se proponen medidas como fortalecer la educación vial, aplicar con rigor la Ley 63-17 y mejorar la infraestructura vial.







