38 instituciones serán eliminadas o fusionadas en el gobierno de Asfura

Tegucigalpa. El nuevo gobierno del presidente Nasry Tito Asfura anunció una profunda reestructuración del aparato estatal que implicará la reducción de 113 a 74 instituciones públicas, mediante la fusión y eliminación de 38 entidades, como parte de una política de austeridad y eficiencia administrativa.

La información fue confirmada por la próxima designada presidencial, María Antonieta Mejía, quien aseguró que medida generará un ahorro aproximado de 15,000 millones de lempiras, recursos que serán destinados principalmente al pago del pasivo laboral del Estado y a sanear las finanzas públicas.

Aunque aún no se ha publicado la lista oficial de las instituciones que serán fusionadas o eliminadas, la designada presidencial electa ha confirmado que el proceso se enfocará en entes con funciones duplicadas, así como en aquellos que presentan alto gasto corriente y bajo impacto real en la población.

El plan contempla dos vías: por un lado, instituciones que serán fusionadas, manteniendo los servicios pero reduciendo estructuras administrativas, y por otro, instituciones que serán eliminadas completamente, lo que permitirá recortar gastos en salarios de altos cargos, alquileres, viáticos y contratos.

Desde el nuevo gobierno, que asumirá el poder este 27 de enero, se ha reiterado que el objetivo central no es debilitar al Estado, sino redefinir su rol. En ese sentido, Asfura subrayó que: “El Estado no es un ente empleador, es un generador de condiciones para traer la inversión y que la inversión, tanto nacional como extranjera, pueda producir los empleos. Esta es una realidad”, expresó.

La reestructuración forma parte de una visión orientada a atraer inversión nacional y extranjera, generar empleo y reducir el gasto público, bajo un enfoque de Estado facilitador más que ejecutor.

Se espera que la lista oficial de instituciones afectadas sea anunciada durante la toma de posesión presidencial o en los primeros días del nuevo gobierno, lo que permitirá dimensionar con mayor precisión el impacto laboral, social y político de la medida.