Embajada de EE.UU. elogia nueva Ley de Contrataciones Públicas del Gobierno dominicano

TL;DR: La encargada de Negocios de la Embajada estadounidense elogió la nueva Ley 47-25, resaltando su impacto en la transparencia y eficiencia de la contratación pública en República Dominicana.

La Embajada de Estados Unidos en la República Dominicana, a través de su encargada de Negocios, Patricia Aguilera, ha expresado su reconocimiento al gobierno dominicano por la reciente promulgación de la Ley de Contrataciones Públicas 47-25. Esta normativa busca elevar los estándares de transparencia y eficiencia en procesos públicos, reafirmando el compromiso con la gobernanza y la protección de derechos comunitarios.

Impacto de la Ley de Contrataciones Públicas 47-25 en la gobernanza y transparencia

Patricia Aguilera subrayó que la entrada en vigor de la Ley 47-25 refuerza la gobernanza en el país y fomenta la protección de las comunidades, gracias a un sistema más transparente y eficiente en la contratación pública. Además, destacó la importancia de la reciente apertura de una Oficina Especializada contra la Trata de Personas en Sosúa, considerada un avance relevante para la justicia y la protección de vidas vulnerables.

Reconocimiento internacional y declaraciones oficiales

• Mensaje oficial: Aguilera manifestó en la red social X que la Ley 47-25 representa un paso importante para la transparencia y la eficiencia estatal.
• Compromiso estatal: El presidente Luis Abinader promulgó la normativa para fortalecer la rendición de cuentas y la buena gobernanza.
• Avances en justicia: La apertura de la oficina en Sosúa marca un esfuerzo adicional para combatir la trata de personas.

Importancia de las reformas en contratación pública para la República Dominicana

La valoración positiva de autoridades internacionales como la Embajada de Estados Unidos pone de relieve el impacto de la nueva Ley de Contrataciones Públicas en la consolidación de la gobernanza y la protección de las comunidades en República Dominicana. Estas reformas abren el camino hacia una gestión estatal más transparente y eficiente, que promueve derechos y refuerza la confianza ciudadana en las instituciones.

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